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| Fermín Montes y Ramón Villagómez, encabezaron asamblea |
Ya supieron para quién trabajan
* Ganan más los empleados que los dueños del Tecno Parque Hortícola Fidesur-Sandia
* Administradores se niegan a rendir cuentas porque "es información delicada"
Por David
Carrizales
Monterrey,
NL, 12 de abril- Campesinos de Aramberri, en el sur de Nuevo León, se sienten
engañados. Hace seis años, con el apoyo
de los gobiernos federal y estatal, constituyeron el tecno parque hortícola
Fidesur-Sandia, con la ilusión de mejorar sus condiciones de vida, pues se les
prometió que en cinco años serían dueños de los activos de la sociedad
integradora empresarial; pero en los hechos, por 900 pesos a la semana, son
trabajadores de burócratas a los que ellos mismos les pagan el doble y hasta
más con la venta de sus cosechas.Y a
pesar de que el proyecto es altamente productivo y cada campesino levanta en
promedio 80 toneladas de tomate al año (nueve mil en todo el proyecto), lo que
reciben de los ingresos no alcanza ni para pagar deudas, que arrastran desde
2011; además deben enfrentar el
hostigamiento de sus representantes y administradores, por el atrevimiento de
exigir cuentas claras en el manejo de los recursos.
En
2011, por pedir cuentas y acciones para enfrentar un problema de plagas y
fuertes heladas que dañaron sus cultivos, fueron expulsados de la sociedad
integradora 16 campesinos, y reconocen sus propios compañeros que ellos mismos
así lo acordaron por presiones del entonces director de la Corporación para el
Desarrollo Agropecuario, Marco Antonio González Valdez, pues advirtió que si no
se iban ellos se irían otros o desaparecería el proyecto.
Este
sábado, los 112 productores y socios de
la Integradora Agrícola Aramberri, que cultiva en invernaderos 29.3 hectáreas
de tomate saladel, por primera vez en seis años, lograron que el administrador,
Eligio Marcos Rivera, les diera un informe sobre la situación financiera del
proyecto, en una asamblea a la que también acudieron el delegado de la Sagarpa,
Fermín Montes, el director de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de
Nuevo León, Ramón Villagómez Guerrero
así como representante del FIRA (Fideicomiso Instituido en Relación a la
Agricultura), y del Banco del Bajío, que cada año les otorga créditos de avío.
Sin
embargo, los campesinos no quedaron conformes con las cifras entregadas, por
Marcos Rivera, pues sin desglosar los rubros, se limitó a señalar que en el
ciclo 2013, hubo ingresos por 47 millones 875 mil pesos, mientras los gastos se
elevaron a 31 millones 838 mil pesos, con un saldo de 17 millones; pero antes
de pagar créditos de avío de 120 mil pesos por cada productor más
intereses, además de siete millones de
gastos que la sociedad no pudo cubrir en 2012 y que venía arrastrando por un
mal ciclo agrícola en 2011 por plagas y heladas.
Se
acordó que un despacho externo realizará una auditoría con el que esperan se
despejen las múltiples dudas que dejó el informe, pues por ejemplo, se anotan
como egresos los 120 mil pesos del crédito de avío más intereses, pero no
aparecen en el rubro de ingresos.
Asimismo
esperan que se aclare si el año que sufrieron pérdidas por las heladas y
plagas, hubo apoyos de los gobiernos federal y estatal, pues Fermín Montes
Cavazos, ahora delegado de la Sagarpa les comentó durante una reunión en
Galeana, que gestionó recursos por 22 millones de pesos para apoyar a los
productores del tecno parque hortícola afectados por aquella contingencia.
También
buscarán que se aclare la situación del responsable de comercializaron del producto,
una persona de nombre Eleazar García que puso Ramón Villagómez Guerrero, y que
ellos ya no quieren ya que es un simple coyote o gestor que no les da buenos
resultados.
En
realidad quien les compra la cosecha desde que arrancó el proyecto es el empresario
transportista de Allende, Felipe de Jesús Marroquín Salazar –hermano del
Secretario de Obras Públicas del gobierno estatal, Luis Gerardo, de los mismos
apellidos-, recomendado por el actual
diputado federal de PRI, Marco Antonio González Valdez, cuando era director de
la Corporación para el Desarrollo Agropecuario, aseveró Erik Covarrubias, uno
de los campesinos de Sandia.
La tesorera de la sociedad integradora, Rosa María Vázquez,
mencionó que Marroquín les pagó el kilo de tomate saladel a 5.30 pesos, y saben
que otros productores lo estuvieron vendiendo a 9 pesos el año anterior,
mientras en el mercado local osciló entre 18 y 25 pesos. Los campesinos
expusieron que ellos no saben a cómo vende Marroquín cada tonelada, ni a quién
ni en dónde la vende, pero sí saben que su producto es de exportación porque
cuentan con la certificación Senasica,
que otorga la Dirección de Sanidad Acuícola y
Pesquera de la Dirección General de Salud Animal.
A raíz de la protesta, los administradores se comprometieron ante el delegado de la Sagarpa y el director de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario, a entregar información para la realización de una auditoría externa, pero pasaron los días y recularon, argumentando que es "información delicada" que no pueden proporcionarles, por lo cual los campesinos amenazaron con realizar acciones más radicales.
